OSAKA, 3 jul (El Mercurio/WSJ) — Los Presidentes Trump y Xi Jinping lograron que se pusieran otra vez en marcha las conversaciones comerciales este último fin de semana, pero hay una labor incluso más difícil por delante: apaciguar a las facciones de línea dura dentro de sus propios gobiernos, las que exigen que no haya concesiones.
Xi enfrenta a los líderes del partido y a ejecutivos de empresas estatales que creen que Washington está dispuesto a demoler el modelo económico liderado por el gobierno, el cual es responsable del surgimiento de China como una potencia global y rival de EEUU.
Trump, por su parte, enfrenta el escepticismo de algunos legisladores republicanos y demócratas, a quienes les preocupa que él ceda demasiado en un acuerdo, como también el recelo de algunos de sus propios designados. Mientras entra en un año electoral, Trump también tiene que hacer frente al descontento entre sus partidarios en la comunidad empresarial y en los estados donde la agricultura es primordial y que se han visto afectados por los aranceles que han impuesto los dos países.
“Veo un tipo de simetría en que tanto Xi como Trump tienen bases cuyo apoyo necesitan”, señaló Michael Pillsbury, académico del Hudson Institute China, quien asesora al gobierno de Trump. “En China, los de línea dura han sido bastante específicos en que no quieren un libre mercado y sí quieren una China más enérgica. En el lado estadounidense, la base no quiere que China la estafe o se aproveche de ella”.
La oposición entre los burócratas
La resistencia dentro de la burocracia china a las demandas estadounidenses va en aumento. Por ejemplo, algunas entidades económicas habían empezado a analizar formas de introducir una competencia más justa entre las compañías estatales, privadas y extranjeras en base al concepto de “neutralidad competitiva”, lo que significa que las firmas estatales no tendrían un tratamiento preferencial.
Sin embargo, durante las recientes discusiones en Beijing, las autoridades que supervisan las empresas estatales y las grandes industrias dominadas por los intereses del Estado, tales como telecomunicaciones, rechazaron el concepto y sostuvieron que es una forma occidental de hacer las cosas que no funcionará en China. El único grupo que ha recibido con agrado el concepto hasta ahora es el de las autoridades a cargo de las regulaciones financieras de China, quienes creen que el hecho de permitir una mayor participación extranjera en la banca y en otros sectores financieros podría ayudar a que la industria fuera más competitiva.
