La mayoría de los países promulgan reglamentos y prohibiciones como su principal herramienta de política verde. Y aunque China realiza esto también, un plan de reforma emitido recientemente por el gobierno, demuestra que Beijing desea ir más lejos que cualquiera, en la introducción de mecanismos de mercado en materia medioambiental. La reforma busca separar la propiedad de todos los recursos naturales, de los derechos de uso; y vender los derechos de uso en el mercado. El plan comenzará haciendo un inventario masivo sobre quién es dueño de qué: si el gobierno central, los gobiernos provinciales u otros niveles. Para después determinar si los derechos de uso pueden ser comprados y vendidos, alquilados, o usados como garantía. Los ensayos se realizarán en Gansu y Ningxia, dos provincias del noroeste de China, en donde el plan habla de la creación de un “intercambio de activos de recursos naturales”. No obstante, es probable que surjan numerosos problemas prácticos en la creación de un mercado de tales características, como lo evidencia el actual esquema de comercio para las emisiones de carbono, cuya cantidad precisa y marco jurídico, aún no están determinados con claridad.
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